El día de ayer, la ONG Bitcoin Argentina dio a conocer por medio de un comunicado, que solicitó realizar cambios respecto al proyecto de reforma de la Ley de Lavado de Activos que actualmente está en la Cámara de Diputados, debido a que “Tendrá un efecto negativo sobre acciones lícitas e inofensivas dentro de un sector pujante de la economía”, según mencionan en el comunicado.
En el documento se explicó que la organización da un paso afuera del “universo de sujetos obligados a informar a la UIF y a las personas que realizan intercambio de criptoactivos de forma particular particular person” dado que afecta a consumidores finales y micro emprendedores que operan para generar “un ingreso complementario”.
A pesar de que desde la organización “acompañan el impulso de las medidas necesarias para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, la reforma no tiene en cuenta actualmente los efectos negativos “dentro de las particularidades que tiene la economía argentina”.
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Frente a la normativa nacional que busca ajustar el modelo internacional para la prevención de lavado de activos, que fue establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la ONG Bitcoin Argentina presentó un propuesta con dos cambios para hacer, el primero: “excluir del universo de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) a las personas que realizan la actividad de intercambio de criptoactivos de forma particular particular person o en la modalidad P2P (persona a persona), con liquidación en entidades financieras u otras entidades controladas por la UIF y obligadas a informar”
Tanto la normativa de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), que son los que se encuentran en el deber de informar a la UIF y la propuesta por el GAFI en sus “Estándares Internacionales” son iguales pues, ambas ignoran la realización del análisis circunstanciado correspondiente a su eventual aplicación en Argentina. “En nuestro país se ha desarrollado una gran comunidad de individuos y microempresas que realizan servicios de intercambio de criptoactivos por dinero fiduciario y viceversa, o por otros criptoactivos, mediante operaciones denominadas P2P, o persona a persona” explicó la ONG.
Quienes llevan a cabo este tipo de operaciones deben hacerlo ya sea como consumidores finales o como servicio minorista que tienen un rango de precio entre la compra y la venta; generalmente estas actividades la realizan personas desempleadas, micro emprendedores, estudiantes, trabajadores con el fin de generar un ingreso extra. De acuerdo con lo establecido por el PSAV, estas personas deben declarar frente a la UIF bajo exigencias que no se encuentran dentro del radar de posibilidades para ellos.
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Desde la ONG bitcoin Argentina se indicó que: “estas operaciones minoristas, de bajo importe, es impensable que puedan constituir una amenaza seria al lavado de activos y la financiación del terrorismo de acuerdo con el estándar del ‘enfoque basado en riesgos que promueve’ el GAFI”.
El segundo cambio solicitado por la organización fue “que el registro de PSAV, recomendado desde el GAFI, sea llevado por la UIF y no por cualquier otro órgano regulatorio”.
Las empresas que operan hoy en día dentro del país responden a diferentes volúmenes y complejidades en las actividades que definen al PSAV, por lo tanto, establecer criterios generales habilitantes es un proceso dificultoso. Por lo que, para finalizar, la organización sin fines de lucro ONG Bitcoin Argentina propuso que el “registro no sea utilizado para exigir determinados estándares operativos o patrimoniales habilitantes, sino que se acote exclusivamente a que la UIF pueda supervisar en forma eficaz el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios de prevención del lavado de activos”.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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