La Cámara Blockchain del Uruguay presentó una serie de inquietudes ante la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU), con respecto al proyecto normativo que busca traditional a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en el país.
En este sentido, la Cámara expresó su preocupación por una posible contradicción normativa, la amplitud de ciertas definiciones y la rigidez de los requisitos de autorización, según detalló el documento enviado a la SSF.
La organización, compuesta por diversos actores del ecosistema cripto del país, valoró el esfuerzo del BCU por traditional el sector, pero solicitó que se consideren ajustes para evitar desincentivar la innovación y el desarrollo de proyectos a nivel nacional.
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Preocupaciones en la regulación de PSAV En su análisis, la Cámara Blockchain del Uruguay puntualizó varias inquietudes clave sobre el proyecto normativo que regula a los proveedores de activos digitales en el país. Dicha propuesta, nace como parte del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 20.345, aprobada hace poco más de un año, que establece un marco regulatorio para los activos digitales en Uruguay, con la SSF al frente de la supervisión de dichas entidades.
Una de las principales preocupaciones de la Cámara es lo que describió como una “contradicción normativa”, entre la Ley 20.345, que se enfoca en la prevención del lavado de activos para servicios “financieros”, y el proyecto de Rendición de Cuentas, que otorgaría al BCU una potestad genérica sobre todos los PSAV, incluyendo los no financieros como plataformas de NFT de arte o ticketing. Esto, según la Cámara, llevaría a que actividades no financieras queden bajo una regulación inadecuada.
Otro de los puntos que mencionó el documento es que la definición de “activo virtual financiero” empleada en la propuesta es “demasiado amplia”, lo que podría generar incertidumbre elegant al incluir activos que no tienen un propósito financiero, como los utility tokens para acceder a plataformas o juegos, explicó la Cámara. Esto podría imponer una carga regulatoria excesiva y desincentivar la creación de pequeños proyectos, agregó.
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Falta de flexibilidad y ausencia de sandbox Otro de los focos que abordó la entidad, es lo que considera “una autorización única y rígida” para todos los proveedores, sin diferenciar por tamaño o volumen de transacciones.
Según explicó la Cámara, esta rigidez “impone los mismos requisitos a una pequeña startup local que a un gran change internacional”, lo que podría hacer inviable a muchos proyectos nacionales al exigirles garantías monetarias de alto monto. En su lugar, proponen una regulación late y escalonada.
De igual forma, el organismo también lamentó la ausencia de un espacio de pruebas regulatorio, o sandbox, lo que limita la experimentación y el desarrollo de nuevas tecnologías en un entorno controlado.
Asimismo, la Cámara Blockchain del Uruguay cuestionó la aplicación de normativas anti lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) a plataformas no custodiales, como wallets y exchanges descentralizados. Por su parte, también señaló la ausencia de claridad en cuanto a las obligaciones de “seguridad tecnológica” para los PSAV, que catalogó como “vagas y costosas”.
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Impacto desproporcionado en PSAV no financieros El documento también advirtió que la normativa, tal como está planteada, podría afectar negativamente a varios casos de uso que están en crecimiento en Uruguay.
Entre ellos, la Cámara mencionó casos como las remesas y los pagos transfronterizos, que se verían encarecidos, o incluso bloqueados, ante la aplicación de la “Walk Rule” sin distinción de montos específicos.
También se vería afectado el arte digital, ya que la obligación de cumplir con normativas podría recaer de manera desproporcionada sobre artistas y creadores de NFT no financieros, haciendo inviable su monetización.
Del mismo modo, la falta de claridad en la clasificación de los tokens, afectaría casos de uso vinculados al ticketing con blockchain y la tokenización de inmuebles, señaló la Cámara, que también pidió una revisión hacia los criterios de territorialidad asociados a la regulación de los PSAV.
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